INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA INCLUSIÓN.

INTERVENCIÓN  INSTITUCIONAL  PARA   LA   INCLUSIÓN.

Las universidades, durante los últimos años, han realizado un gran avance en la gestión política y administrativa para establecer líneas de actuación más inclusivas que permita garantizar los derechos de todos los estudiantes (incluidos los estudiantes con discapacidad) en todos los ámbitos (personal, educativo, laboral) basándose en los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

A pesar de los esfuerzos que la Universidad está acometiendo para alcanzar y desarrollar procesos de inclusión educativa de calidad, todavía queda un largo camino por recorrer. No podemos olvidar que la calidad, y en definitiva la excelencia, de cualquier sistema educativo está directamente relacionado con la capacidad que la institución tiene para dar respuesta a los estudiantes susceptibles de ser excluidos socialmente.

Aquellas instituciones públicas y/o privadas que pretendan ser excelentes en sus respectivos ámbitos, deberán considerar e incorporar la capacidad de implementar procesos de inclusión dentro de sus organizaciones como una medida clave. Una universidad será excelente por disponer de magníficos resultados en la docencia e investigación, pero también por su capacidad para desarrollar políticas inclusivas que permitan el acceso a la formación de aquellos estudiantes que más dificultades tienen, posibilitando y logrando la autonomía y empoderamiento de los mismos. Para ello, la universidad, como institución que genera conocimiento y transformación social, deberá desarrollar las medidas y acciones oportunas que permitan lograr una inclusión real de los colectivos más desfavorecidos y, entre ellos, de las personas con discapacidad. Sólo de esta forma se logrará una universidad inclusiva que revertirá en  una sociedad más justa.

En este sentido, una de las primeras acciones que como institución debe llevar a cabo la universidad es velar por el cumplimiento del marco legal existente en el ámbito de la discapacidad, legislación que algunas universidades han desarrollado mediante la aprobación de reglamentos específicos y que tienten como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y el egreso de los estudiantes con discapacidad.

Las medidas adoptadas en la dirección señalada deben ser transferidas a todos los órganos y agentes implicados en los diferentes procesos en los que los estudiantes se ven implicados durante su estancia en la Universidad (formación, investigación, participación, etcétera) y deben ser también evaluadas para conocer su grado de cumplimiento.

Se materializa así el compromiso  de la institución en todos los niveles (rectorado, decanatos, coordinadores de titulación, profesorado, personal de administración y servicios, estudiantes, visitantes, etc.) y con todas las personas, que la sienten como propia y a la que ofrecen su trabajo y coordinación para conseguir las mejores respuestas posibles. Hablamos de un compromiso institucional que se complementa con la implicación de colectivos y personas y que consigue un  perfecto equilibrio entre los derechos y los deberes de toda la comunidad universitaria. Hablamos también de la universidad como un espacio de convivencia real y democrática, cuya expresión superior sería la de un campus universitario inclusivo.